Este jueves ha entrado en vigor una de las leyes más polémicas de los últimos meses, la “Ley Rider”. Se implementa tras los 90 días desde que el pasado 12 de mayo se estableciese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Te contamos qué es.
La Ley Rider es una una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que obliga a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores como asalariados. De forma adicional, estas empresas están sujetas a ofrecer una mayor transparencia sobre sus algoritmos. De esta manera, esta ley busca cambiar el funcionamiento del sector.
Esta ley, además, incorpora a los diferentes trabajadores (repartidores) de plataformas digitales y les reconoce como trabajadores asalariados. La ley entiende que dichas plataformas organizan, dirigen y controlan el trabajo de los repartidores, además de establecer sus condiciones a través de un algoritmo y que, por consiguiente, se trata de empleados.
Por otra parte, las empresas están obligadas a compartir con los sindicatos los diferentes algoritmos que afecten a las condiciones laborales. Este segundo punto es de especial interés puesto que no solo abarca las empresas especializadas en reparto, sino a todas aquellas plataformas digitales que operan en España.
Esto se debe a que los parámetros por los que se rige la organización de los trabajadores no son transparentes en estas compañías. Existen numerosos ejemplos reportados en estas empresas: los repartidores no saben los motivos del cese de su contrato ni los criterios bajo los que se les asignan los pedidos. Con la nueva legislación, sin embargo, el trabajador tiene derecho a saber qué tiene en cuenta la aplicación para el desarrollo y planificación de su trabajo en la empresa.
Por su parte, las opiniones se encuentran divididas. Las empresas afectadas aseguran que es una medida que afecta negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra la libertad de empresa.
Empresas como Deliveroo estudian evitar las consecuencias retirando su sede de España y dejando a 3.871 trabajadores en el paro, mientras que otras como Glovo estudian un “nuevo modelo de relación”. Otras como JustEat se encuentran negociando con UGT y CCOO las bases del primer convenio colectivo del sector del delivery en España.
Por otra parte, los sindicatos aseguran que pretendían ampliar la condición de asalariados a cualquier trabajo dependiente de plataformas digitales (y no solo a repartidores), aunque reconocen que la “Ley Rider” supone un primer paso para no perder derechos laborales.
Mientras, los repartidores se encuentran igualmente divididos entre los que apoyan esta Ley y los que defienden querer seguir siendo autónomos, al igual que las diferentes asociaciones y ONGs de repartidores.
